Una campaña internacional pide que se les garantice el derecho a
la tierra y así, promover la seguridad alimentaria.
Pueblos indígenas, comunidades locales, grupos de mujeres,
ciudadanos y activistas de al menos 25 diferentes países iniciaron hoy dos
semanas de protestas y eventos para exigir que los gobiernos respeten sus
derechos a la tierra. Un nuevo informe de políticas resalta el vínculo entre el
reconocimiento de los derechos comunitarios a las tierras, la seguridad
alimentaria mundial, y la protección del clima.
Como
dijo Joan Carling, "las comunidades alrededor del mundo dependen de sus
tierras consuetudinarias para alimentar a sus familias. Pero sus tierras
también alimentan al mundo, y sus bosques regulan el clima que sustenta la
seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, el sistema alimentario mundial está
profundamente vinculado a la apropiación de tierras, y la agroindustria es el
sector más peligroso para los activistas".
Ella
es miembro del Consejo Asesor de Derechos a la Tierra Ya [Land Rights Now], y
reciente ganadora del Premio Campeones de la Tierra por los logros de toda su
carrera (la más alta distinción de la ONU en cuestiones ambientales). "Estamos
pidiendo a los gobiernos que reconozcan y garanticen esos derechos sobre la
tierra, y que los consumidores consideren los impactos de sus compras sobre los
pueblos locales, y sobre los recursos de los que todos dependemos".
Pero, a pesar de tener la propiedad
consuetudinaria de la mitad de las tierras del mundo, los pueblos indígenas y
las comunidades locales solo tienen propiedad legal del 10%. Esta brecha deja
las tierras comunitarias vulnerables a la expropiación por la agricultura a
gran escala, la minería o infraestructura, la cual generalmente benefician a menos personas, y es más destructiva al medio
ambiente que el uso de la tierra por parte de las comunidades
locales.
Según Land Matrix, al menos 49 millones de hectáreas
alrededor del mundo han sido objeto de adquisiciones internacionales de tierras
a gran escala durante la última década. En gran medida, esto se debe a la
demanda de alimentos o energía barata por parte de los consumidores, con
predominio de la palma de aceite (6 millones de hectáreas), la jatropha (2.4
mha) y la caña de azúcar (1.9 mha).
Los
pequeños productores proporcionan el 70 por ciento de los alimentos del mundo.
La evidencia muestra que la producción de alimentos a pequeña escala en África
y Asia es más eficiente y tiene mayor rendimiento de cultivos por hectárea que
las operaciones grandes. Los derechos de tierra seguros también pueden aumentar
la productividad de los agricultores en un 60 por ciento, e incrementar el
ingreso familiar por más del doble. Los derechos a la tierra de las mujeres son
particularmente importantes, dado su papel crucial en la garantía de la
seguridad alimentaria local y en la gestión de los recursos comunitarios.
La gestión de las tierras comunitarias también
ayuda a regular el clima, lo cual permite la producción mundial de alimentos.
Las comunidades han salvaguardado con éxito muchos de los bosques del mundo
durante generaciones. Las investigaciones muestran que sus tierras almacenan
masivas cantidades de carbono, por lo menos 300 mil millones de toneladas
métricas , y que los derechos seguros llevan a tasas de deforestación más bajas
y mayores tasas de almacenamiento de carbono. Al menos un tercio del carbono
almacenado en los bosques comunitarios en los trópicos y subtrópicos se
encuentra en tierras que carecen de reconocimiento legal formal, dejándolas
vulnerables a la apropiación, lo cual puede destruir los medios de
subsistencia, devastar el medio ambiente y destruir las fuentes locales de
alimentos.
Kenia: Después de una victoria en la corte, el pueblo ogiek
todavía espera justicia
A
pesar de un fallo histórico de 2017 de la Corte Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos confirmando que los pueblos ogiek son los dueños legítimos de
los bosques de Mau en Kenia, el gobierno aún no les ha devuelto sus tierras
consuetudinarias.
Cerca
de 40,000 ogiek viven en el bosque de Mau, el cual es fuente de sus alimentos,
ingresos, medicina, refugio y sitios culturales; y su fuente principal de
subsistencia es la apicultura. Han actuado como guardianes de estas tierras por
generaciones, pero enfrentan a la intrusión de los madereros, de las plantaciones
de té, y de los asentamientos ilegales. Miles han sido desalojados a la fuerza
de sus hogares.
Daniel
Kobei, director ejecutivo del Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek,
dijo, «La decisión de la Corte de 2017 fue un rayo de esperanza, no solo para
los ogiek, sino también para todos los pueblos indígenas en Kenia y en toda la
región. Sin embargo, el gobierno aún tiene que implementar esa decisión.
Seguimos siendo desalojados de nuestros hogares. Todavía seguimos excluidos de
nuestros bosques consuetudinarios».
Pueblos indígenas y comunidades locales se unen a la movilización
global
Las
acciones de hoy forman parte de un creciente movimiento entre las comunidades
indígenas y locales alrededor del mundo que exigen respeto por sus derechos, y
se movilizan para asegurar que se escuchen sus voces, y se destacan el papel
que desempeñan en la lucha mundial para prevenir la crisis climática.
Dijo
Carling, «Derechos a la Tierra Ahora [Land Rights Now] es un llamado unificador
para lograr el respeto a los derechos de cerca de 2,500 millones de personas
alrededor del mundo que dependen de las tierras de propiedad comunitaria. Estos
derechos sustentan la seguridad alimentaria mundial y son vitales en la lucha
contra el cambio climático. A pesar de increíbles riesgos, los pueblos
indígenas y las comunidades locales están alzando sus voces y tomando medidas
para defender sus derechos, y proteger los recursos de los que todos
dependemos. Es hora de que el mundo escuche».
Perú: el pueblo shipibo lucha por el reconocimiento de sus
derechos a la tierra, mientras que las empresas adquieren fácilmente sus
territorios
La
comunidad indígena shipibo de Santa Clara de Uchunya, en la región Ucayali de
la Amazonía peruana, enfrenta la invasión de sus tierras ancestrales por parte
de las plantaciones corporativas de palma de aceite y de los traficantes de
tierras. La comunidad depende de su territorio ancestral para la caza, la
pesca, la agricultura y la recolección de frutas. Sin embargo, el gobierno solo
ha reconocido sus derechos sobre una pequeña parte del territorio, mientras que
las empresas eluden la ley, convirtiendo los bosques en lugares de producción
de monocultivos a gran escala.
«La
palma de aceite no nos trae ningún futuro, trae desgracia. Trae pobreza. Te engañan
y al final agarran tu tierra y tú no eres nada. Nuestros hijos se convierten en
sus esclavos, y uno ya no es dueño de su territorio», dijo Rodrigo López,
miembro de la comunidad de Santa Clara de Uchunya.
A
pesar de que los shipibos reclaman su derecho a la tierra, el gobierno ha
otorgado títulos individuales a colonos externos quienes vendieron sus tierras
a una compañía de aceite de palma en el 2012, lo que llevó a la tala de los
bosques, sin el consentimiento de los shipibos. A pesar de llevar este asunto
en los tribunales y a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible
(RSPO), la producción de aceite de palma continúa, y los nuevos colonos han
recibido títulos a una parte de las tierras de las comunidades shipibos.
Este
caso se ha vuelto emblemático de lo que está ocurriendo en el Perú y en toda la
región del Amazonas. Los proyectos agrícolas a gran escala, profundamente
relacionados a los mercados internacionales de alimentos y energía, están
destruyendo bosques tradicionalmente ocupados por pueblos locales.
Guatemala: desalojados por una plantación de azúcar, los pueblos
indígenas enfrentan la pobreza y el hambre
Unas
769 familias maya q’eqchi’ fueron violentamente desalojadas de sus hogares
en el valle del Polochic para hacer espacio para una plantación de azúcar. El
gobierno prometió devolver esta tierra, pero más de la mitad de las familias
todavía esperan. Las plantaciones a gran escala de aceite de palma, de azúcar y
de banano, ranchos de ganado, y los proyectos de minería y energía están
invadiendo cada vez más las tierras de los pueblos q’eqchi’ y pokomchí. Estos
pueblos han habitado el valle del Polochic y las áreas aledañas al Lago de
Izabal desde la época precolonial.
Este
es un patrón común en todo el país. Los pueblos indígenas constituyen más de la
mitad de la población de Guatemala, pero aún enfrentan la violencia, la
discriminación y la falta de reconocimiento de sus derechos a la tierra. Sin
tierra, las familias indígenas de Guatemala a menudo sufren pobreza extrema y
hambre. Las investigaciones revelan que el desarrollo económico local suele ser
peor bajo los modelos de plantación que bajo un modelo de la agricultura
tradicional a pequeña escala que reemplazan.
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