Foro Nacional: “Agro biodiversidad y Derecho Humano a la Alimentación en el contexto de la Reforma Rural Integral”

Bogotá, 18 de enero. El próximo 15 de febrero de 2018 se llevará a cabo el Foro Nacional: “Agro biodiversidad y Derecho Humano a la Alimentación en el contexto de la Reforma Rural Integral”, en el auditorio Félix Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual será realizado por la Alianza multisectorial por la salvaguarda de la agrobiodiversidad y el derecho humano a la alimentación, en el contexto de la Reforma Rural Integral.

El objetivo es establecer una ruta de diálogo con instancias gubernamentales para garantizar la valoración de experiencias regionales, campesinas y étnicas que conservan la agrobiodiversidad de semillas nativas y criollas y los sistemas de producción agroecológicos, su reconocimiento es insumo fundamental para la implementación efectiva de la Reforma Rural Integral con enfoque territorial, establecida en el punto 1 del Acuerdo de Paz.

En el evento se encontrarán representantes de comunidades, redes de semillas, organizaciones regionales, la academia y el gobierno reflexionando en torno a tres aspectos:

• Primero: enfoques de producción agropecuaria relacionados con el derecho humano a la alimentación adecuada;
• Segundo: efectos de la propiedad intelectual en la protección de semillas nativas y criollas; y
• Tercero: reconocimiento de la calidad de las semillas nativas y criollas.

Contexto del debate en el Foro Nacional

Reforma rural integral: Entre los riesgos del modelo agroindustrial y las posibilidades de los sistemas agroecológicos de base campesina, étnica y familiar.

La implementación efectiva del punto 1 del acuerdo de paz requiere una transformación profunda del conjunto de políticas y normas que fomentan, en Colombia, la permanencia y extensión del modelo agroindustrial y agroquímico, basado en; la producción comercial de monocultivos a gran escala certificados desde los estándares y prácticas introducidas por “la revolución verde”, entre las que se encuentran: uso intensivo de tierras, agua, agrotóxicos, introducción de organismos modificados genéticamente, endeudamiento de campesinos para el uso de paquetes tecnológicos y deslegitimación de la calidad de las semillas nativas y criollas que producen las comunidades de base.

Es un hecho que la producción agroecológica promovida desde el gobierno nacional es insuficiente y se hace a muy pequeña escala mientras que el área dedicada a cultivos agroindustriales es mayor y el modelo agroindustrial es fomentado ampliamente mediante políticas de seguridad alimentaria. En 2016, para los 26 departamentos objeto de estudio de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), el área total cultivada fue 5.121.508 ha, el grupo de cultivos que mayor participación tuvo fueron los cultivos agroindustriales con una participación de 32,4%, registrando un área de 1.658.598 ha. Particularmente tienen mayor representatividad los cultivos agroindustriales de: café, cacao, caña, arroz, maíz amarillo, maíz blanco y palma de aceite.

La extensión del modelo agroindustrial en el país es legitimada e implementada por múltiples entidades estatales, entre las cuales se encuentra el Ministerio de Agricultura y Corpoica. Un ejemplo de esto puede verse en la implementación del “Plan semilla” como parte del programa Colombia Siembra. Desde el 2015 estas entidades pretenden, mediante esa política de seguridad alimentaria darle solución al problema de oferta y uso de semillas de “buena calidad” para los productores, especialmente los más pequeños. El Dr. Diego Aristizabal, líder del Proyecto en sus inicios, presentó su estrategia ante la opinión pública del siguiente modo: “Esta es una estrategia integral, que pretende entregar desde los insumos fertilizantes, fungicidas, insecticidas y por supuesto la semilla, así como la infraestructura y los servicios de asistencia técnica que se requerirían. Los productos que se entregarán serán: maíz amarillo, el maíz blanco, la soya, la palma de aceite, los forestales comerciales, cacao y los frutales.” (Agronet. MINAGRICULTURA. 2015)

A pesar del discurso políticamente correcto que hace énfasis en la integralidad de la intervención, al hacer una revisión detallada de las estrategias implementadas por el “Plan semilla”, entre las cuales se encuentra la entrega a los pequeños productores de paquetes de “semillas limpias y de calidad” específicamente de los principales grupos de cultivos agroindustriales (cacao, maíz, arroz, palma de aceite, etc); se reconoce que el enfoque de este tipo de política es asistencialista y parte de un supuesto en el cual los sistemas de producción agroecológicos de las comunidades étnicas y campesinas no cuentan con materiales genéticos de calidad para satisfacer las necesidades del mercado y se pretende homologarlos a las exigencias y criterios diseñados por la agroindustria para producir cantidades masivas de un solo alimento con fines de exportación. Este supuesto, solo legitima a las corporaciones gubernamentales como productoras válidas de material vegetal de uso agrícola y favorece a las multinacionales y comercializadoras de semillas quienes serían las únicas apropiadas para proveer “semillas de calidad” a los pequeños productores.

Cabe mencionar que, el conjunto de políticas de seguridad alimentaria y normas que favorecen el modelo agroindustrial está lejos de agotarse en el “Plan semilla”, este es solo un ejemplo reciente. Durante los últimos 20 años se han aprobado en Colombia distintas resoluciones como: La 544 de 1995 (y siguientes) del Ministerio de Agricultura, relativas a los mercados verdes y la certificación, que puso el énfasis, en los recursos, incentivos y consiguiente política en la producción para la exportación; la 3492 de 1998 (y siguientes) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que ha venido estableciendo los procedimientos para introducir, producir, liberar y comercializar organismos genéticamente modificados, (OGM). Igualmente, se ha implementado el marco jurídico que protege la propiedad intelectual e industrial sobre las semillas a través de la Ley 1032 de 2006, Convenio UPOV de 1978 y Ley 243 de 1995; y el marco jurídico que protege la certificación y la limpieza fitosanitaria de las semillas, a través de la Resolución 3168 de 2016, Ley 740 del 2002 protocolo de bioseguridad.

Como consecuencia de este tipo de políticas de seguridad alimentaria y de los marcos jurídicos que las legalizan, las comunidades étnicas y campesinas son reducidas a convertirse en consumidores pobres y dependientes de los subsidios y paquetes proveídos de manera externa, desconociendo sus prácticas tradicionales de mejoramiento agrícola, conservación de la agrobiodiversidad y su capacidad de producción de alimentos diversificados como aporte a la soberanía alimentaria. Por otra parte, desde la perspectiva de la salud alimentaria, no existe una democratización del consumo de alimentos agroecológicos y la población del país se ve obligada a comprar para sus hogares alimentos que tienen altísimas cantidades de agrotóxicos que generan graves impactos en la salud y el ambiente.

Las comunidades campesinas y étnicas y la soberanía alimentaria a partir de sistemas de producción agroecológicos y agrodiversos.

A pesar del contexto político y normativo descrito anteriormente, sumado a las presiones técnicas, económicas y a la falta de acceso a la tierra cultivable; campesinos, comunidades étnicas y mujeres en varios lugares del país vienen adelantando experiencias que han demostrado que es posible construir sistemas productivos agroecológicos basados en la conservación y recuperación de semillas nativas y criollas, los trueques e intercambios, los mercados locales y los Sistemas Participativos de Garantías (SPG). En suma, sistemas productivos basados en la sustentabilidad social, ecológica y económica que priorizan la vida, el bienestar y la participación de las comunidades involucradas en la conservación de la agrobiodiversidad, la soberanía y salud alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada.

Una experiencia significativa es el Resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta, habitado por los Pirzas, Umbras y Cumbas y ubicado en entre los municipios de Riosucio y Supía, en el Departamento de Caldas. Ha desarrollado con sus 32 comunidades indígenas en un territorio Declarado Libre de transgénicos procesos de soberanía alimentaria y conservación de la agrobiodiversidad a partir de estrategias diversas; han recuperado los patios integrales como sistemas biodiversos de producción limpia y sustentable, tienen la casa comunitaria de semillas donde almacenan una diversidad de semillas con una valiosa y rica diversidad agrícola colombiana; han recuperado 6 variedades de plátano, 7 variedades de yuca, 3 variedades de arracacha, así como variedades de maíz, aguacate, frijol y otras legumbres y hortalizas. (Plan de vida. 2009). Este trabajo se complementa con el mantenimiento de grupos e iniciativas asociativas para implementar métodos alternativos de procesamiento para el mercado local e intercambio de productos agrícolas.

Por otra parte, en lo relativo a la defensa de los derechos del agricultor a conservar, intercambiar y vender semillas la experiencia de la Red de Guardianes de Semillas de Vida (RGSV) con representación de nodos en Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia se ha constituido como un referente nacional. La red combina integralmente: Encuentros de guardianes y custodios de semillas nativas y criollas; campañas de rescate de variedades de semillas en peligro de extinción o contaminación genética; una propuesta de aprendizaje denominada: Ecoversidad de los Andes Tropicales que fundamenta la escuela de gestión del conocimiento a partir de propuestas de Diseño Agroecológico, en funcionamiento desde el 2011. Actualmente, cuenta con 8 módulos de enseñanza desarrollados a partir de la metodología denominada “Aulas vivas”; fincas reconvertidas en sistemas agroecológicos experimentales. Así mismo, cabe resaltar las estrategias de economía solidaria entre las cuales se destacan las “Canastas Verdes” como una manera de conectar directamente a los productores con los consumidores y mercados locales y de hacer respetar el derecho de los campesinos y comunidades étnicas a la venta de semillas nativas y criollas como estrategia de auto sostenibilidad.

Un caso especial de comercialización solidaria es el de la Red de 14 Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca. A partir de la reconversión de las fincas que funcionaban bajo el modelo del monocultivo a huertas en las cuales se prioriza la diversidad productiva para el consumo familiar y local; integran estrategias de solidaridad en las cuales se comparten la mano de obra entre las y productores de distintas fincas, esto sumado a los intercambios y trueques de semillas los cuales les representa ingresos que pueden oscilar entre uno o dos salarios mínimos al mes. Con este tipo de reconversión, la Asociación de Pequeños Caficultores de La Marina (ASOPECAM), especializada en café agroecológico, ha logrado que los ingresos mensuales en cada una de sus 32 fincas alcancen 1,6 SMLV, según cifras suministradas en el 2016, por el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y la Red Colombiana de Agricultura Biológica de Antioquia (RECAB).

Finalmente, como propuesta alternativa a los protocolos de certificación sobre la calidad de las semillas que se establecen desde los estándares de la agroindustria; distintas experiencias en Colombia han presentado otra vía posible que garantiza la soberanía y autonomía alimentaria: los “Sistemas Participativos de Garantías” (SPG). Esta estrategia pone el énfasis en la participación de las comunidades campesinas y étnicas para definir los protocolos y criterios de calidad de las semillas nativas y criollas de acuerdo a la escala de los mercados locales, los procesos de mejoramiento de variedades realizados por las comunidades y el reconocimiento de los saberes y prácticas ancestrales de conservación de la agro biodiversidad.
A manera de conclusión

Se hace evidente entonces que la implementación de la Reforma Rural Integral, requiere integrar las propuestas presentadas por la Red Nacional de Agricultura Familiar a partir de las evidencias de los resultados de las experiencias agroecológicas regionales de base campesina, familiar y étnica las cuales pueden ser un referente de estudios de caso para el establecimiento de un marco jurídico y político que garantice:

• Protección de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas a conservar, intercambiar y vender semillas nativas y criollas.
• Implementación de fondos para promover sistemas productivos agroecológicos alternativos al modelo agroindustrial.
• Reconocimiento de la validez e importancia de los Sistemas Participativos de Garantías (SPG) como herramientas para garantizar la calidad de las semillas nativas y criollas desde protocolos creados y legitimados por las comunidades campesinas y étnicas.
• Diversificación de las instancias de regulación y control para el ingreso de Organismos Genéticamente Modificados, que actualmente sólo están bajo responsabilidad del Instituto Colombiano Agropecuario ICA; incluyendo, como autoridades ambientales a: los pueblos indígenas, entidades académicas como COLCIENCIAS y entidades gubernamentales de investigación como el Instituto Humboldt.
• Apoyo económico, técnico, logístico y metodológico a las escuelas de formación e investigación en agro biodiversidad y agroecología promovidas por las organizaciones y redes de semillas nativas y criollas.
• Incentivos económicos y fortalecimiento de las capacidades productivas de cooperativas y asociaciones agroecológicas; como estrategias fundamentales en la creación de mercados locales y regionales que puedan acceder a los beneficios económicos de la agricultura familiar, a pesar del monopolio de los mercados agroindustriales actualmente en funcionamiento.

La Alianza multisectorial por la salvaguarda de la agrobiodiversidad y el derecho humano a la alimentación, en el contexto de la Reforma Rural Integral, es un conjunto de universidades, ONGs, redes regionales de productores y plataformas nacionales e internacionales, apoyadas por la Embajada de Suiza en Colombia, quienes se han aliado para acompañar y respaldar las redes de semillas nativas y criollas en un diálogo político institucional por el reconocimiento a su labor de conservación de la agro biodiversidad, la soberanía y salud alimentaria y la economía campesina y étnica. Más información la puede consultar en la página web https://swissaid.wixsite.com/semillasidentidad

Fuente: Swissaid Colombia. Campaña Semillas de Identidad.

Contacto:

Viviana Villa Restrepo.

Área de Comunicaciones.

comunicacion.semillasidentidad@gmail.com