Traer el campo a la ciudad

La agricultura urbana, ¿en el juego de una redistribución de poderes? - El ejemplo de la ciudad de Rosario

Entrevista con el geógrafo argentino Andrés Barsky, investigador del Instituto del Conurbano (Univ. Nac. de General Sarmiento) y docente (FLACSO).

Por Nueva Sociedad

La agricultura urbana se difunde cada vez más como una práctica social que vuelve a “traer el campo a la ciudad”. Sus detractores la consideran una actividad terapéutica de ciertas clases acomodadas, mientras que sus defensores la ven como una de las posibles soluciones a muchas de las dificultades actuales de la región: inseguridad alimentaria, hambre, desempleo, consumo con altos costos de carbono, para nombrar algunas.

Lo cierto es que en América del Norte y Europa la práctica se está integrando a los planes de ordenamiento territorial y de las ciudades. En América Latina y el Caribe (ALC) hay algunos ejemplos de institucionalización son exitosos pero siguen siendo marginales. Sin embargo, la agricultura urbana ofrece perspectivas interesantes para la región. El vaciamiento del campo para alimentar la creciente urbanización plantea el desafío de la producción de comida de proximidad. Por otra parte, los efectos notorios del cambio climático recuerdan la necesidad de un consumo más responsable. La agricultura urbana propone respuestas, apuntando a un consumo más local y un posible involucramiento de migrantes rurales, así como de jóvenes muy capacitados para desenvolverse en las huertas más innovadoras.

La agricultura urbana es una práctica cada vez más integrada a las políticas públicas en Europa y Estados Unidos, pero no parece generar el mismo entusiasmo en nuestra región. ¿Qué puede explicar esta falta de interés aquí?

Existen otras prioridades en la agenda pública, en las ciudades y en sus cordones periurbanos. Hay una serie de temas que en el día a día de la gestión adquieren prioridad, por ejemplo la necesidad de expandir las infraestructuras, generar empleo o enfrentar situaciones de violencia urbana relacionadas con la denominada “inseguridad”. En este contexto, resulta difícil pensar en el surgimiento de una demanda social para el desarrollo de la agricultura urbana. Entonces, tampoco transciende a la agenda política.

En particular, se nota en Europa la integración de la agricultura a los planes de ordenamiento urbano y territorial, pero en ALC parece quedar en manos de la sociedad civil. ¿Qué puede explicar que no se perciba como una herramienta de política pública en la región?

Antes que nada, hay que aclarar que en la región son pocas las ciudades que han concretado un plan de ordenamiento de amplio alcance urbanístico. Las ciudades de Rosario en Argentina, Medellín en Colombia y, particularmente, Curitiba en Brasil han realizado importantes esfuerzos en esa dirección. Vale mencionar que la agricultura urbana se integró como parte de un plan de mejoramiento de la ciudad, pero no con metas explícitas de abastecimiento alimentario.

En términos concretos, dedicar espacio urbano a la agricultura también tiene su dificultad. Primero, porque en la región las ciudades han transitado por procesos de urbanización muy intensos, lo cual puso mucha presión sobre el precio del suelo. Como las infraestructuras no siguieron el ritmo de crecimiento de la ciudad, se potenció lo que se denomina el efecto “aglomerativo”: para mejorar su calidad de vida, diversos sectores de la población pugnan por vivir en los lugares servidos con mejor infraestructura, los cuales terminan resultando saturados. En este contexto, cada porción de suelo se valoriza, y es muy difícil que se lo dedique a espacios verdes o agricultura. Además, la agricultura urbana y periurbana presenta varios problemas: baja consideración social, riesgo económico y climático, alta competencia de otros sectores laborales como la construcción en términos de salarios, falta de coordinación entre zonas productivas, bajo nivel de integración a planes nacionales y escasa organización política entre sus trabajadores.

La agricultura urbana ha funcionado bien como instrumento de política pública en momentos de crisis, como vimos en Argentina en 2002. En ese contexto se consolidó el programa ProHuerta, el cual tuvo un importante alcance en ese momento. En la actualidad, hay más de 600.000 huertas familiares relevadas en Argentina (la mayoría en zonas urbanas), pero desde un punto de vista económico no se puede considerar su rol como central en lo referido al abastecimiento urbano. Tiene relevancia desde un punto de vista social. Cuando se recuperó la economía y creció el trabajo asalariado, muchas personas dejaron de producir en las huertas. Por lo tanto, más allá de estos momentos excepcionales, es difícil que los gobiernos de la región enfaticen su accionar en la agricultura urbana.

Una de las principales críticas a la agricultura urbana es que no sirve para luchar contra el hambre. ¿Puede plantearse como parte de la solución a la inseguridad alimentaria y el hambre en la región?

Lo que se ve por ahora es que la producción urbana apunta principalmente al autoabastecimiento de los hogares, mientras que la agricultura periurbana produce alimentos en función de las reglas del mercado. La sensación que tengo es que la agricultura urbana no llegó todavía a generar excedentes de importancia, ni tampoco, más allá de determinadas experiencias, a insertarse plenamente en el marco de la economía social y solidaria. Otro punto es la valorización del consumo de productos locales, que todavía no está muy desarrollada en América Latina, tal como acontece en Europa. Por lo menos, no de la misma manera. Es decir, son pocos los consumidores que se informan o se interesan sobre el origen de lo que compran.

Las ciudades de ALC registran un crecimiento con niveles de los más altos del mundo, principalmente por migraciones rurales. ¿La agricultura urbana puede ayudar a integrar estas poblaciones con un trabajo que conozcan? ¿Existen casos exitosos?

En la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) implementó la estación experimental AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), la primera especializada en agricultura urbana y periurbana en América Latina. Asimismo, en el año 2010 el Ministerio de Agricultura lanzó el Programa Nacional de Agricultura Periurbana. Uno de los componentes principales de estas iniciativas fue la agrupación de los agricultores urbanos y periurbanos, muchos de ellos campesinos originarios de Bolivia. El Estado avanzó mucho en el registro de todas estas situaciones y generó instancias muy valiosas en lo referido a asistencia técnica, abastecimiento de semillas, etc. Existe cierto grado de coordinación entre los agricultores de la región en función de su origen étnico, pero muy poco en forma sectorial. Como mencioné antes, la cercanía de los mercados alimentarios urbanos es una ventaja para la agricultura urbana, pero también una desventaja: el trabajo de la huerta compite directamente con otros tipos de trabajos (la construcción, la industria textil, los servicios), donde se ofrecen mejores salarios.

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